Ana Stella | Primera Frontera

🇪🇸x🇲🇦 Un día después de la avalancha, la responsable de comunicación del Departamento de Seguridad Nacional publicó un informe con los datos que manejaba Interior: 49.000 entradas. El informe se borró de la web y a ella la cesaron por teléfono, estando de vacaciones, por indicaciones recibidas desde más arriba. Interior ha reducido drásticamente la actividad informativa de la Comisaría General de Información sobre Marruecos, y al menos 3 policías han sido apartados por sus trabajos e informes sobre el reino alauí. Uno de ellos salió después de elevar un dosier sobre un hombre vinculado al régimen de Mohamed VI. El informe no se tuvo en cuenta y hubo purga en el grupo. Mandos policiales hablan abiertamente de injerencias del Gobierno y resumen la consigna en: no interesa investigar. El efecto práctico es que se ha rebajado la vigilancia sobre los miembros de la inteligencia marroquí que operan en España. Y eso ocurre justo cuando la Policía remitió a la juez María Tardón un informe del CNIF que atribuye la entrada masiva a la dirección y el guiado de gendarmes marroquíes, de uniforme y de paisano, y concluye que el objetivo no era migratorio sino colapsar la frontera y la propia Ceuta. Marlaska aseguró desconocer que ese informe existiera. El director general de la Policía le explicó que la magistrada había ordenado a los investigadores no informar a sus superiores. Acto seguido, Interior difundió que ningún informe policial atribuía nada a las fuerzas marroquíes. Quien firmó esa respuesta, el comisario general de Información Javier Susín, se había reunido en Rabat con Abdellatif Hammouchi en enero de 2025. El 25 de agosto, el Gobierno declaró Ceuta situación de interés para la seguridad nacional mediante el Real Decreto 681/2026. El texto habla de presión inédita sobre las capacidades de control fronterizo. No menciona a Marruecos. Y advierte de sanciones a los guardias civiles y policías que informen. Los agentes desplegados llevan desde el 19 de agosto pidiendo por escrito medidas urgentes a la directora general de la Guardia Civil. Una semana después seguían sin respuesta. Interior transfirió 60 millones al Ministerio del Interior marroquí entre 2021 y 2022, justo cuando Pegasus infectaba los móviles de Sánchez, Robles y Marlaska. La FIIAPP financia desde 2019 los todoterrenos y las dietas de la Gendarmería marroquí, la misma que aparece en los vídeos del 30 de julio sin mover un dedo. 340 millones en créditos para la mayor desaladora de África, a 85 kilómetros del estadio donde Marruecos quiere la final que le disputa a Madrid, más fondos de la AECID para la accesibilidad turística de sus sedes mundialistas. El Gobierno prepara con el ICEX un macroevento empresarial en Rabat destinado a convencer a decenas de grandes compañías españolas de invertir en Marruecos. Entre las oportunidades que se les ofrecen figura la construcción, ampliación y modernización de estadios e infraestructuras deportivas marroquíes. Se canceló un encuentro previo, titulado Mundial 2030: oportunidades para las empresas españolas en Marruecos, para organizar otro más grande. La entrada partía de 450 euros y estaba prevista la presencia del vicepresidente primero, Carlos Cuerpo. Este 17 de septiembre Navantia entregó el patrullero Moulay Hassan I a la Marina Real marroquí. En silencio, sin autoridades visibles y con el nombre del príncipe heredero. Seis semanas después de la avalancha. La DGST espiaba a guardias civiles desde 2014, mientras estos la entrenaban. Con Pegasus infectaron al presidente y a tres ministros, y Maroc Telecom desactivó los límites de datos para que no saltara ninguna alerta. La causa se archivó en enero por falta de cooperación. En 2025, Marlaska condecoró con la máxima distinción de la Guardia Civil a Abdellatif Hammouchi, director de ese servicio. Gendarmes marroquíes patrullan Algeciras y Tarifa desde 2023 y Lanzarote desde 2025, dependientes del Mando Regional de El Aaiún. España tiene agentes en Senegal y Mauritania, pero los senegaleses no patrullan Cádiz. Marruecos es el único país extranjero que opera dentro de España, y el único que le reclama territorio. En la cumbre bilateral de Rabat de febrero de 2023, Sánchez afirmó que ambos gobiernos se habían conjurado para evitar todo aquello que ofende a la otra parte, especialmente en lo que afecta a nuestras respectivas esferas de soberanía. Marruecos no cumple. Leyes marroquíes de delimitación marítima que se solapan con aguas canarias, y una nota verbal por respuesta. Perejil en 2002, desalojado por la fuerza, seguido del discurso del Trono reivindicando Ceuta y Melilla el 30 de julio de aquel año. El Marocgate, sin una sola consecuencia impulsada por España. Un acuerdo de menores de 2007 con cero devoluciones desde 2013. Casi cuatrocientos colegios públicos españoles con profesores que selecciona Rabat. Y una docena de individuos con condenas por terrorismo, previamente expulsados, entre quienes cruzaron el 30 de julio. Tres altos cargos marroquíes reclamaron públicamente Ceuta y Melilla en agosto y septiembre. España no respondió a ninguno. El Parlamento Europeo aprobó una resolución que califica lo ocurrido de invasión. Los eurodiputados socialistas votaron en contra. Varios militares agredidos , dos siguen ingresados en el Gómez Ulla, uno operado. Sus asociaciones llevan semanas pidiendo autorización para usar la fuerza proporcionada contra quienes les atacan. Soldados españoles, en territorio español, pidiendo permiso para no dejarse pegar. Perejil, ningún coste para Rabat. Excusa de Ghali, ocho mil entradas y diez meses después el Sáhara. Pegasus, una condecoración. El 30 de julio, un buque de guerra y un macroevento en Rabat. 🍁 Ana Stella | Primera Frontera x.com/anaqtella | t.me/primerafrontera