♡ Ana Stella · Primera Frontera

https://www.elconfidencial.com/mundo/2026-10-21/eeuu-albares-nacionalidad-espanola-saharauis-resolver-el-conflicto_4449540/?shem=dsdf,sharefoc,agadiscoversdl,,sh/x/discover/m1/4 EEUU trasladó a Albares "su interés" por la aprobación de la ley que daba nacionalidad española a los saharauis para "resolver el conflicto" Michael Waltz, embajador de EEUU ante la ONU y artífice de la negociación sobre el Sáhara Occidental, explicó a Albares que la concesión desinflaría los campamentos y ayudaría a resolver el conflicto Ignacio Cembrero El alto funcionario estadounidense que promueve desde principios de año la negociación sobre el futuro del Sáhara Occidental manifestó al jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares, su interés porque se aprobase la ley que permitiría a decenas de miles de saharauis recuperar la nacionalidad española que perdieron en 1976 cuando España salió del territorio. Sus descendientes también podrían adquirirla. Michael Waltz, embajador de EEUU ante Naciones Unidas, fue recibido por Albares el 10 de febrero al término de la segunda ronda de negociaciones sobre el Sáhara que acababa de desarrollarse en Madrid entre los jefes de la diplomacia de Marruecos, del Frente Polisario, de Argelia y Mauritania. Fue en esa reunión en la que Waltz consideró que esa iniciativa legislativa sería beneficiosa para reducir la población de los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (suroeste de Argelia) y allanar así el camino hacia un acuerdo entre los beligerantes, según fuentes conocedoras de aquella cita. ElConfidencial preguntó por esa conversación a la Oficina de Información Diplomática y a la Misión de EEUU ante la ONU, pero no obtuvo respuesta. La iniciativa partió de Sumar que, en febrero de 2025, ganó holgadamente una votación en el Congreso para que su proposición de ley fuera admitida a trámite. Sólo los diputados socialistas votaron en contra. El PSOE bloqueó después la tramitación en la Comisión de Justicia hasta el punto de que, el 17 de febrero, la diputada de Sumar Tesh Sidi, de origen saharaui, denunció la paralización de la proposición por parte de Joaquín Martínez Salmerón, el presidente socialista de ese órgano parlamentario. Cuatro meses después, en junio, el ministro Albares sorprendió al Congreso declarándose “totalmente favorable” a la iniciativa de Sumar. “No hay ningún bloqueo”, aseguró en el pleno respondiendo a preguntas de Francesc-Marc Àlvaro, diputado de ERC. El portavoz socialista, Artemi Rallo, afirmó a continuación en la Comisión de Justicia que era una medida de “reparación y justicia con la causa saharaui”. Intentó, no obstante, introducir unas enmiendas menores para sustituir, por ejemplo, “pueblo saharaui” por “población saharaui”. Fueron rechazadas. Los socialistas se sumaron, el 30 de junio, a la mayoría que adoptó el dictamen que la Comisión remitió al pleno. Este aprobó la ley el 10 de septiembre, con los votos a favor del PSOE, y la remitió al Senado para que concluyera la tramitación parlamentaria. La disolución de las Cortes, el 5 de octubre, ha hecho decaer la proposición. “Nosotros planteamos al Gobierno, y de forma muy contundente, que lo lleve a la Diputación Permanente del Congreso”, explicó por teléfono Enrique Santiago, diputado de Sumar. Si hubiese entrado en vigor la ley, entre 80.000 y 120.000 saharauis podrían haber solicitado la nacionalidad española, según la estimación de la agencia EFE, una horquilla que el diario El País eleva hasta entre 100.000 y 200.000. En los campamentos de refugiados, gobernados por el Frente Polisario, viven unas 173.000 personas, según el cálculo de Naciones Unidas, de las cuales 90.000 serían vulnerables, según el Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU. En el Sáhara Occidental en manos de Marruecos habría otros 63.000 saharauis, según estimaciones muy aproximadas. Residir en España, aunque sea cobrando el Ingreso Mínimo Vital y las rentas mínimas de algunas comunidades, es preferible a vivir en los campamentos y en el mismo Sáhara Occidental, donde a la pobreza se añade la represión política para los que disienten. De ahí que fuera previsible que decenas de miles de saharauis provistos de un pasaporte español hubiesen intentado en los próximos años mudarse a la antigua potencia colonial. Se habría debilitado así la representatividad del Polisario y su capacidad de movilización para, por ejemplo, mantener esa guerra de muy baja intensidad que desarrolla contra Marruecos. Quizás por eso, durante la larga tramitación de la ley, ninguna autoridad marroquí levantó la voz. Sólo hubo unos pocos artículos críticos en la prensa. “El Congreso de los Diputados resucita la herencia franquista en nombre de una supuesta “reparación” y “se inmiscuye en un equilibrio geopolítico especialmente sensible”, denunció, por ejemplo, el diario oficialista Le 360. Bachir Dkhli, un exresponsable del movimiento saharaui que se pasó a Marruecos, no dudó en afirmar, cuando la ley se estaba tramitando, que “el gran derrotado será el Polisario” y que “perdería por completo el control” de los refugiados. “EEUU había empujado a Pedro Sánchez a seguir esta vía (...) para acabar con algunas palancas de las que dispone el Polisario”, aseguró. Salek Rahal, portavoz del Movimiento Saharaui por la Paz, una organización pantalla del servicio secreto exterior marroquí, según el CNI, se pronunció en el mismo sentido. En privado, algunos diplomáticos marroquíes son de la misma opinión. Si la ley en ciernes perjudicase al Polisario y beneficiase a Marruecos, el cambio de posición del PSOE sería, en el fondo, uno más de los gestos de Pedro Sánchez para complacer a las autoridades de Rabat desde julio de 2021. Ese mes defenestró el Gobierno a la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, bestia negra de Rabat. La mayor concesión la hizo en marzo de 2022 cuando se alineó, en una carta remitida al rey Mohamed VI, con el modesto plan de autonomía que propugna el monarca para resolver el conflicto del Sáhara Occidental. Estos argumentos privan de toda credibilidad a los analistas españoles que achacaron en la prensa la entrada masiva de más de 80.000 inmigrantes en Ceuta a una venganza de las autoridades marroquíes por la tramitación de la ley que hubiese otorgado la nacionalidad española a miles de saharauis. El Polisario no mostró gran entusiasmo con la proposición de ley, pero tampoco la rechazó. Bachir Mustafa Sayed, que preside el Parlamento saharaui, afirmó que se trataba de una “gota de justicia” para empezar a reparar una injusticia histórica cometida cuando España abandonó el territorio sin organizar un referéndum para que el pueblo saharaui ejerciera su derecho a la autodeterminación.